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Polémica por Farmacity en el territorio bonaerense

A mediados del mes pasado, la Procuración General de la Nación dio un paso a favor de Farmacity al dictaminar, en un fallo no vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional.

El dictamen provocó revuelo en varios distritos bonaerenses y en muchos concejos deliberantes se votó a favor de los farmacéuticos que se oponen a la instalación de la cadena.

En ese contexto, la gobernadora María Eugenia Vidal mandó a discutir una nueva ley de farmacias para contener el escándalo Farmacity a la vez que el bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador consiguió los votos de toda la oposición para modificar la ley de farmacias y poner un freno a la llegada de cadena al territorio bonaerense.

“La ley de farmacias actual es clara para todos, menos para (el vicejefe del Gabinete Nacional, Mario) Quintana”, dijo el diputado massista Lisandro Bonelli. La iniciativa declaró ‘taxativo’ el artículo 14 de la ley que establece que quienes pueden ser titulares de farmacias en la provincia de Buenos Aires y que excluye las sociedades anónimas (SA), que es el formato jurídico de la empresa Farmacity.

Los farmacéuticos adujeron que “no le cerramos la puerta a nadie, pero la ley debe ser igual para todos”, mientras que desde la cadena los acusan porque “no quieren competir”.

La ley provincial 10606 regula el funcionamiento de las farmacias en el territorio bonaerense y el conflicto gira en torno al artículo 14 de la misma, que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas ó sociedades de responsabilidad limitada; de sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.

“Las sociedades anónimas no están permitidas por que no tienen una cara visible. La farmacia no es un comercio, es un servicio público regulado por el Estado, tiene obligaciones y está sujeta a controles estatales”, explicó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, Mario Della Maggiora.

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