Se dio en concordancia con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional Nº 27.499 - Micaela - como dispositivo necesario para la obligatoriedad de capacitación en género de todos los empleados y funcionarios de los tres Poderes del Estado, como así también con lo expresado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en relación a la extensión de dicha herramienta a otras instituciones sociales como son los colegios profesionales.

La ley Micaela establece la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de "capacitar y sensibilizar" a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del estado en materia de género. El impacto público del "Mirá cómo nos ponemos" por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardín contra Juan Darthes, fue otra de las variantes que empujó el proyecto, que se había presentado en 2017 y contaba con dictamen de comisión hacía meses.

La Dra. Gabriela Alvarez Morello, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul que es presidido por el Dr. Gastón Argeri, expresó que "lo de la Ley Micaela surgió como iniciativa de las reuniones de subcomisiones de Género que mantuvimos en Colproba. Se instó a que el Colegio apoye a la provincia con esta ley que lo que busca es la capacitación en todos los ámbitos a nivel nacional, en el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo".

Más tarde, la profesional aseguró que "estos cambios llevarán mucho tiempo debido a que es una ruptura con todo el sistema de sentidos que tiene el Poder Judicial. Es un sistema cultural que hay que deconstruir y construir. Particularmente para el Colegio es una iniciativa de obligarnos, a todas y todos los miembros, en empezar a ejercitar lo que es la perspectiva de género".

"Todo se dará en dos ejes, el primero es sensibilizar el género dentro de la desigualdad de poder que hay entre los géneros. El segundo, pasa por la educación jurídica en género que tiene que ver con este gran anteojo que es la perspectiva de género", finalizó diciendo la Dra. Gabriela Alvarez Morello.

Que implica la Ley

Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados. El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.