En una reunión on line, de la cual participó el concejal y referente del tema Juan Arrizabalaga, la Federación de Inquilinos Nacional se reunió con la ministra y su equipo para trabajar en propuestas concretas para el sector.

Durante la jornada del sábado, la ministra de hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, mantuvo una reunión con la Federación de Inquilinos Nacional, en donde escuchó propuestas orientadas a llevar tranquilidad a los 9 millones de inquilinos del país.

En concreto, las organizaciones pidieron a la ministra cuatro puntos: que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados,  que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto sobre alquileres, y que el Estado asista ante la deuda que los inquilinos están acumulando en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar). La ministra Bielsa expresó que va a analizar las medidas, y que dará una respuesta en los próximos días.

"Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generan a partir de esta situación. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y propietarios. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo",

A continuación las medidas: 

- Desendeudamiento: hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

- Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

- Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

- Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.