El curso en temática de género y violencia contra las mujeres comenzará por el personal de esa secretaría. Agentes de la Administración local se forman actualmente en ámbitos del gobierno de la provincia. Proponen una modificación en la ordenanza de adhesión.

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio adelantaron que la puesta en marcha de la Ley Micaela estaría a cargo de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, se compondría de varios módulos e iniciaría en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, para continuar área por área hasta alcanzar a la totalidad del personal estatal.

La ley Micaela fue sancionada en diciembre de 2018 y su objetivo es capacitar a las personas que trabajan en los distintos niveles del Estado en la temática de género y violencia contra las mujeres. 

“El municipio de Tandil fue pionero en este sentido, adhiriendo rápidamente - en marzo de 2019- a la ley, mediante la sanción de una ordenanza que agrega otros contenidos para la etapa de implementación y fue la primera en toda la provincia”, relató la concejala Sofía López de Armentia.

La integrante de la bancada oficialista explicó además que impulsan una reforma a la ordenanza: “Notamos que se puede mejorar y esperamos poder darle aprobación lo antes posible para avanzar con la implementación”.

Desde  el bloque de Juntos por el Cambio dijeron que el inicio de la capacitación estaba planificado para principios de este año, pero el cambio de gobierno primero y la emergencia del Coronavirus después demoraron esos planes. En la actualidad, miembros de la comisión y funcionarios participan de una capacitación provincial en la temática.

Los cambios

El paquete de cambios a la ordenanza de adhesión a la Ley Micaela fue presentado en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad.

“Creemos que en conjunto con los demás bloques podemos construir una mejor normativa y sostener el hecho de que en Tandil la Ley Micaela es política de Estado”, apuntó Luciano Grasso, vicepresidente de la citada comisión, que encabeza Guadalupe Gárriz, del Frente de Todos.

Las modificaciones sustanciales propuestas por el oficialismo apuntan a “que el Municipio sea el órgano de Implementación local en pos de una gestión más ágil y autónoma; especificar la obligatoriedad de la capacitación para todos y todas los y las agentes del ámbito público municipal; que la capacitación sea requisito para concursar,  pase a planta o ascenso y que incorpore una evaluación del impacto de la capacitación en la cotidianidad de las áreas del Estado”.