25/12/2020
Diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales enviaron a nuestra redacción un comunicado con motivo del recientemente fallo dictado por la Corte Suprema. Las adhesiones reflejan el compromiso de las diversas fuerzas políticas que integran el concejo deliberante por eso entendemos que es relevante poder difundir este mensaje a nuestra comunidad.
Por medio del presente les enviamos el comunicado de diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales con motivo del fallo recientemente dictado por la Corte Suprema. Las adhesiones reflejan el compromiso de las diversas fuerzas políticas que integran el concejo deliberante por eso entendemos que es relevante poder difundir este mensaje a nuestra comunidad.
Quienes suscribimos el presente comunicado queremos expresar nuestra preocupación por el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anula lo resuelto por la Cámara de Casación Penal Federal que había confirmado la condena a 15 y 11 años de prisión a los hermanos Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mar del Plata en el año 2012 por el secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno. La CSJN ordena de esta manera que se remitan las actuaciones a Casación para que emita un nuevo fallo.
Nos preocupa ya que no es un hecho aislado sino que se inscribe en una serie de resoluciones emanadas desde la cabeza de uno de los poderes del Estado que marcan una línea dilatoria en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Nuestro país a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes y de los familiares ha sido reconocido a nivel internacional por el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura cívico militar. Pasaron más de cuarenta años y son muchas las víctimas que siguen esperando y luchando por Memoria, Verdad y Justicia.
Desde la reapertura de los procesos judiciales venimos exigiendo mayor celeridad en los juicios por estos delitos teniendo en cuenta que llevan quince años y que el Estado a través de sus tres poderes tiene la responsabilidad de reparar los daños cometidos para con las víctimas, para con sus familiares y para la sociedad en su conjunto que lo demanda para el fortalecimiento de la memoria y de la democracia.
Los hermanos Méndez continúan condenados como civiles que fueron partícipes de los crímenes de lesa humanidad y además se encuentran imputados en otras causas, pero esta maniobra no hace más que evitar que esta primera condena quede firme. Y por supuesto que el presente fallo tiene consecuencias a nivel de la salud mental de las víctimas y del impacto regresivo en la comunidad.
Teniendo profundo conocimiento técnico en la materia, sabemos de los efectos traumáticos de lo acontecido y de la imposibilidad de tramitación que lo traumático conlleva para quienes fueron víctimas en crímenes de lesa humanidad. Lo sabemos a diario, en la medida en que el horror perdura en su vigencia, intacto, indeleble, en cada uno de los afectados, dejando huella en la vida cotidiana.
Sabemos de la imposibilidad de nominar de alguna manera el horror ante la pérdida-desaparición de un hijo, del robo de bebés, de las torturas perpetradas hasta lo impensado. Lo afirmamos como profesionales, pero ante todo como ciudadanos integrantes de esta sociedad que no está dispuesta a retroceder en el camino de la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Proceso que culminará cuando se realice el último juicio por delitos de lesa humanidad.
Como enseñan los organismos de derechos humanos, seguimos creyendo que el único camino en el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia es el de la justicia.
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