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Inquilinos piden la “elaboración de un plan de desendeudamiento” al Presidente

La Federación de Inquilinos Nacional, el CELS, la ACIJ, el Colectivo Ni Una Menos, el sindicato de FOETRA, Juan Grabois (MTE), el titular de Camioneros, Pablo Moyano, el referente de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, Hugo Yasky de la CTA, el representante de “La Garganta Poderosa” Nacho Levy y el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel, entro otros, realizaron una misiva dirigida al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, al jefe de gabinete, Santiago Cafiero y al ministro de desarrollo territorial y hábitat, Jorge Ferraresi para solicitar la “elaboración de un plan de desendeudamiento para los y las inquilinas” que tuvieron inconvenientes habitacionales durante la pandemia.

En la carta, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos y diferentes agrupaciones piden “la extensión del decreto 320/20, por los urgentes motivos que aquí le transmitimos.

El alquiler es la forma mayoritaria de acceso a la vivienda para las familias trabajadoras de la Argentina.

Y en el marco de la absoluta privatización de toda la cadena de acceso a la vivienda, un derecho fundamental está siendo negado a cada vez más personas. El suelo, las condiciones de acceso al contrato de alquiler, el precio de la locación y la cotización de las viviendas se rigen por la expulsiva “libertad de mercado”. Y como del techo no se puede prescindir, la especulación y el abuso son moneda corriente. La frase “si no te gusta, andate” es moneda corriente.

El virus agravó el problema de manera exponencial, al obligarnos al encierro, que en muchos casos es hacinamiento. Además, las consecuencias económicas de la pandemia provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran. Hoy en día la mitad del ingreso total de nuestros hogares se destina sólo a pagar el alquiler

En estas condiciones, el decreto firmado por el presidente de la Nación a fines de marzo y renovado en septiembre es una herramienta básica para evitar una catástrofe habitacional. Pero los propietarios y sus representantes, las inmobiliarias, se niegan a cumplir con la prórroga de los contratos, la suspensión de desalojos, el congelamiento de los alquileres y el refinanciamiento de las deudas.

Para que la normativa se convierta en una política efectiva, necesitamos un Estado protagonista en el control.

No hay dudas de que en el 2021 el Estado tiene que continuar con su voluntad de proteger a todos los que alquilamos viviendas, hoteles y pensiones. Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado, reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares.

El gobierno nacional tiene la obligación moral de fomentar y ayudar al desendeudamiento financiero de los millones de inquilinos, con el objetivo de recuperar un mínimo grado de sustentabilidad y tranquilidad para sus familias.

Más allá de la urgencia, el Estado nacional tiene que asumir el desafío de construir una política integral, moderna y democrática de vivienda

Apostar como recurso salvador a la construcción de viviendas no sólo es anacrónico e insuficiente, sino que nos puede conducir nuevamente al fracaso. Mientras el mercado inmobiliario siga teniendo el control de decidir quién puede vivir dignamente y quién no, el Estado estará condenado a correr de atrás los problemas que genera un mercado cada vez más expulsivo, irresponsable y egoísta.

En este crucial tiempo histórico, la vivienda no puede seguir siendo un negocio super rentable para unos pocos mientras nuestro pueblo no sabe dónde va a vivir mañana.

Por todo esto le pedimos al presidente de la República, al Jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de desarrollo territorial y hábitat, que extiendan cuanto antes el decreto 320, tal y como nos fuera prometido por el Ministro de Hábitat en reunión celebrada el 30 de noviembre pasado. La importancia de anunciar esta medida con prontitud está directamente relacionada con la angustia que padecen quienes no saben qué pasará con sus viviendas cuando, dentro de un mes, venza la vigencia de dicho DNU”.

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