Fue esta mañana ante concejales de todos los bloques políticos. El secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, expuso los puntos centrales de la reforma que evalúa el parlamento municipal, acompañado por la directora de Género y Diversidad Sexual -Matilde Vide-, el director del Sistema Integrado de Protección Ciudadana –Rubén Dieguez- y la asesora letrada a cargo de los programas de asistencia a la víctima, Micaela Alcuaz.

Acce.DER entró en vigencia en el año 2017 con el objeto de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos más graves, también denominadas “víctimas de la inseguridad”, víctimas de violencia de género o intrafamiliar, víctimas de trata de personas, víctimas de supresión o falseamiento de identidad y víctimas adultos mayores.

Tras la experiencia recogida en los años aplicación del Programa y considerando también reformas legislativas, tanto a nivel nacional como provincial, introducidas con posterioridad a su vigencia, las autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana consideraron oportuno promover una revisión general e integral.

El proyecto elevado al Concejo Deliberante recoge las problemáticas afrontadas por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, la Dirección de la Tercera Edad y la propia Secretaría de Protección Ciudadana, habiéndose ponderado también iniciativas y reclamos de otras áreas del gobierno local, como así también de sectores y organizaciones vinculadas a las temáticas que aborda.

El texto de la reforma introduce una serie de reformas en los tres pilares sobre los que se erige el programa: el régimen de víctimas, el régimen de hechos violentos y/o delictivos que pueden dar causa a la inclusión en el programa y el régimen de prestaciones a cubrir por el mismo.

También se profundizará en gran medida la perspectiva de género del programa, incorporando una parte enteramente nueva, que receptará la nueva comprensión social del “género” y dos cambios sustanciales en lo que respecta a la amplitud de hechos violentos y/o delictivos que se prevén y justificarán la incorporación al Programa.

En materia penal puntualmente se propicia abandonar el método de “catálogo” de delitos, propiciándose que cualquier delito que sea cometido como manifestación directa  o indirecta de violencia de género, sea que esté comprendido en el Código Penal, en leyes complementarias o especiales, podrá ser fundamento para peticionar el programa.

En el ámbito civil, como consecuencia de la violencia de género y/o intrafamiliar, se incorporan acciones civiles, que se ejercen ante el Tribunal de Familia, para procurar la tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes que sean víctima directa o indirecta.

Se trata, sintéticamente, de un proyecto que aspira a ampliar la tutela de las víctimas de los distintos modos de violencia social, que fortalece la perspectiva de género, que computa también los derechos de niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, y de las personas discapacitadas en contexto de de violencia, en pos asegurar al acceso a la justicia, asegurar una vida libre de violencia e inspirado en la equidad social.

En este punto del recorrido legislativo intervienen las comisiones de Economía, de Interpretación y Asuntos Legales y de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, presididas respectivamente por María Haydeé Condino, Marcos Badillo y Guadalupe Gárriz.