El bloque oficialista elevó hoy un proyecto de carácter resolutivo. Fue durante la sesión del Concejo Deliberante. El Dr. Juan Salceda tomó la palabra en representación de los integrantes de la bancada y reclamó que se garantice el acceso universal e irrestricto de las prestaciones básicas a las personas con discapacidad.

La resolución -dirigida a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Superintendencia de Servicios de la Salud- solicita que se regularice el pago de todas las prestaciones para personas con discapacidad y se informen los motivos de las demoras registradas en los pagos.

El texto fue redactado luego de que personas con discapacidad, sus familias y prestadores, en todo el país, pusieran de manifiesto que no se está realizando el pago de las prestaciones en tiempo y forma.

Esta situación pone en peligro claro y presente el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.

La vulneración de esos derechos incumple lo previsto en la Ley N° 24.901, que instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Y también atenta contra lo previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Además, las Leyes 23.660 y 23.661 establecen el régimen de las Obras Sociales y el Sistema Nacional del Seguro de Salud, respectivamente, así como su financiamiento. Dicho sistema fue creado como un programa solidario de seguridad social, cuyo objetivo fundamental es proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación sobre la base de un criterio de justicia distributiva.

Por estos motivos, entre otros, los concejales de Juntos consideran “imperioso asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, a través de la unificación de los procedimientos, financiamiento y ejecución de las prestaciones del Sistema determinado en la Ley N° 24.901, integrando políticas, y recursos institucionales y económicos”.

También señalan la necesidad de que el Estado “regularice el pago de todas las terapias y prestaciones para que estos servicios no estén en peligro.”

En este sentido, Salceda recordó que “las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud  no están abonando las prestaciones  en tiempo y forma”.

Los ediles del oficialismo creen muy necesario que “ante un contexto de incertidumbre por posibles modificaciones en la estructura de financiamiento de las prestaciones, se brinde información certera al colectivo de las personas con discapacidad, sus familias, referentes y prestadores”.