A través del siguiente escrito, nos posicionamos como estudiantes y docentes de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la asignatura Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I (conformado por docentes y estudiantes de los primeros 3 años de la carrera), donde realizamos prácticas pre - profesionales territoriales en el Barrio Movediza de la ciudad de Tandil. Queremos expresar colectivamente nuestra posición en contra del desalojo planificado a realizarse en Piccirilli al 1000 de dicho barrio.

El mismo tiene un plazo de ejecución de un tiempo menor a 45 días, es decir que la fecha de desalojo está planteada para el 8 julio del 2023 (dato difundido por portales de noticias tandilenses), momento en que se efectivizaría por medio de la fuerza policial la expulsión del predio de un total de 113 familias, constituidas por niñeces y personas adultas (101 y 179 respectivamente). En relación a estas familias, es necesario aclarar que, se trata de personas que debido a las implicancias que conlleva el inacceso a la vivienda y el aumento radical de las tarifas de alquiler, en un contexto generalizado de crisis, se ven en la necesidad de realizar este tipo de ocupación.

Según indica el relevamiento sobre condiciones de vida, previas y actuales a la ocupación de las familias afectadas, desarrollado por la mesa intersectorial conformada por el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo de Tandil, la Defensoría del Pueblo Bonaerense, la Secretaría de Hábitat Provincial, la Defensoría Oficial, la Defensoría General de Azul, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Municipio de Tandil.

Los datos evidencian el carácter alarmante de la situación, donde el 60% de las familias debido al aumento de los alquileres y al proceso inflacionario, actualmente no pueden afrontar el gasto que ello implica, y el 40% restante ni siquiera podía afrontar el pago de un alquiler, viviendo en situación de calle o recurriendo a otras estrategias como viviendas prestadas y/o de tránsito, caracterizados estos resultados por condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional.

Sobre la situación laboral, la realidad sigue siendo problemática, sólo un 14,4% de trabajadoras/es se encuentran registradas/os, un 27,6% de desocupadas/os - inactivas/os, un 2,9% de jubiladas/os- pensionadas/os y un 55,2% de trabajadores no registrados.

Esto impacta en los indicadores de pobreza e indigencia que señalan que el 38,1% de los hogares asentados en el predio se encuentran en situación de indigencia, el 33,6% en situación de pobreza no indigente y el 28,3% se ubican por encima de la línea de pobreza. A su vez, una cuestión no menor, es que en su mayoría son mujeres- madres encontrándose también personas con problemas crónicos de salud y personas con discapacidad.

Esto expresa, en parte, la gravedad de las condiciones de vida a la que están sometidas las familias, sumado a las diversas desigualdades e injusticias de clase, raza/etnia y género que han atravesado a lo largo de sus vidas. Hoy se materializan en la ocupación de tierras, viviendo en situación de precarización, sin acceso al agua potable, ni a ningún tipo de servicio básico, donde la “vivienda” se constituye de materiales que poco resguardan y refugian, exponiéndose a diversos tipos de adversidades: la hostilidad del clima, el calor extremo del verano, el gélido frío del invierno, lluvias, viento y tormentas con las consecuentes afecciones de la salud y a la integridad de la vida en general.

Por lo tanto, nos preguntamos ante la posible efectivización del desalojo compulsivo, ¿Qué ocurrirá con esas 113 familias?, ¿Qué respuestas está planificando el Estado? ¿Se acercan más a respuestas represivas o de mejoramiento de la calidad de vida de las familias? ¿A respuestas que priorizan el derecho a la propiedad privada o el derecho al acceso a una vivienda adecuada?

Ante lo expuesto, exigimos que el Estado responda a la emergencia que se suscita, como parte de sus responsabilidades y funciones a las que está llamado a cumplir y que se encuentran regulados en diversas normativas internacionales (el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales; la Declaración Universal de Derechos Humanos), nacionales (la Constitución Nacional en su artículo 14 bis) y provinciales (Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat). Por ello pedimos la inmediata y urgente intervención del Estado en:

- La suspensión del desalojo para evitar la exposición tanto de las niñeces como de las personas adultas a la violencia que le es inherente.

- El acceso a una vivienda adecuada con servicios básicos indispensables para el desenvolvimiento de la vida cotidiana mediante una respuesta colectiva e integral por parte de los diferentes niveles de gobierno (Municipal, Provincial y Nacional) que supere respuestas fragmentadas y parciales atendiendo el problema de raíz.

- Garantizar la respuesta a las necesidades económicas, sociales y culturales de las familias en su conjunto (vinculadas a alimentación, salud, educación, entre otras).

- Evitar la reproducción de discursos de criminalización de las personas que están realizando la ocupación de manera pacífica.